| Militares y policías al servicio del empresario Miguel Facussé intimidan a pobladores de Zacate Grande |
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| Written by Revistazo.com | ||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 28 July 2010 15:45 | ||||||||||||||||||||||||
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Militares y policías, que una vez más evidencian estar al servicio de la clase dominante de Honduras, llegaron esta mañana a la comunidad de Puerto Grande, en la Isla de Zacate Grande, jurisdicción del puerto de Amapala, acompañando a supuestos agrimensores que trataban de medir las tierras que reclama como suyas, el empresario Miguel Facussé.
Desde hace mucho tiempo, los pobladores del lugar vienen luchando por la defensa de la tierra que originalmente se consideró de carácter nacional. En su mayoría los pobladores no cuentan con el titulo de dominio pleno de sus solares ni de sus lotes de trabajo. Aunque la pesca forma parte de las principales actividades a las que se dedican, no es suficiente para satisfacer sus necesidades alimentarías y necesitan la tierra cultivable y áreas para desarrollar proyectos turísticos comunitarios. Como estrategia para el debilitamiento del Movimiento de Recuperación y Titulación de Tierras, Miguel Facussé ha implementado medidas para enfrentar a los pobladores entregando títulos de propiedad a ciertos grupos de familias en perjuicio de otras que la ocupan. Para poner en práctica su maniobra Facussé cuenta con el apoyo de las autoridades municipales. Sin embargo es necesario mencionar que la Alcaldía de Amapala no tiene derechos sobre ninguna de las tierras de la Península. Las investigaciones realizadas en la zona demuestran en principio que las tierras de Zacate Grande nunca fueron ejidales y por lo tanto los dominios plenos que sean otorgados no tienen valor. Ante la difícil situación que atraviesan los pobladores de la isla, a través del escrito público, FIAN Internacional exigió el cese de la intervención de la policía y el ejército para intimidar a los pobladores y que se inicie de inmediato un proceso que dé solución definitiva a la problemática para hacer justicia a las familias que desde hace 80 años viven y trabajaban en esas tierras. La entidad internacional responsabiliza a Porfirio Lobo Sosa de cualquier situación grave que pudiera registrarse en la zona. Hacen además, un llamado a organismos internacionales para que exijan el respeto de los derechos humanos de la población de Zacate Grande, quienes defienden su derecho de acceder a la tierra como medio de vida. Antecedentes Tras la liberación de los 12 dirigentes presos, en el mes de abril del 2005 ,se instauró una mesa de negociación entre la Dirección General de recuperación y titulación de tierra de la península de Zacate Grande y representantes legales de Miguel Facussé Barjum. Como resultado se acordó la tramitación de 214 solicitudes de títulos individuales y 4 títulos comunitarios por un área total de 268 Manzanas. El acuerdo no se cumplió y solamente fueron otorgados 128 títulos individuales, excluyendo las solicitudes de titulación individual y comunitaria de las comunidades de La Flor, Puerto Grande y la Pintadillera. Es decir, solo se otorgó títulos en zonas que no son de interés económicos para los socios del Club de Coyolito. La familia Cruz Sánchez, nativa de la península de Zacate Grande, teniendo posesión desde el 1982 de su parcela en la playa Las Gaviotas, fue víctima de un desalojo forzoso de parte de unos 30 policías el día 18 de diciembre del 2003, con el cual se destruyó todos sus cultivos, además de su humilde vivienda.
El mismo día la Corte de Apelaciones dio a conocer que los Cárcamo no cometieron el delito del que se les acusó, desalojó y por el que estaban en prisión.
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| Last Updated ( Thursday, 29 July 2010 14:11 ) | ||||||||||||||||||||||||





La denuncia la hace a través de un comunicado la Organización Internacional de Derechos Humanos por el Derecho a Alimentarse –FIAN- la que establece que la presencia militar y policial en la zona, no representa más que un acto de intimidación contra las 800 familias pobladoras de la península, que tienen una posesión natural sobre la isla, pero no tienen documentación legal. Razón por la cual a través de los años se han visto privados de sus tierras por parte de los socios del Club de Coyolito, integrado por empresarios poderosos de Honduras y quienes los ha dejado sin acceso a casi la totalidad de las playas y a gran parte de la tierra cultivable.